Secreto profesional en la era digital: riesgos y resguardos

Por Gastón Krasny

El secreto profesional es uno de los pilares de la relación entre abogado y cliente, y su alcance suele estar regulado tanto por normas de ética profesional como por el derecho procesal y las leyes de cada jurisdicción. Con la digitalización de la práctica, esa confidencialidad se enfrenta a nuevos vectores de exposición: correos electrónicos, servicios en la nube, aplicaciones de mensajería, dispositivos móviles y plataformas de terceros que almacenan o procesan información del estudio. Conviene tener presente que el riesgo no siempre proviene de un ataque sofisticado; con frecuencia se origina en prácticas cotidianas como compartir archivos sin controles o usar cuentas personales para asuntos profesionales.

Uno de los puntos críticos es la elección de proveedores tecnológicos. Antes de incorporar una herramienta que almacene o procese documentos de clientes, resulta prudente revisar sus condiciones de servicio y su política de privacidad, identificar en qué países se alojan los datos, quién puede acceder a ellos y cómo se gestionan las copias de seguridad y la eliminación de la información. También es recomendable verificar si el proveedor ofrece cifrado, controles de acceso y registros de actividad, y si acepta cláusulas de confidencialidad o un acuerdo de tratamiento de datos. Estas verificaciones deben adecuarse a la normativa local de protección de datos personales y a las reglas de la matrícula correspondiente.

Medidas básicas de resguardo

Las medidas técnicas más efectivas suelen ser también las más simples. La autenticación en dos pasos en todas las cuentas profesionales, el uso de gestores de contraseñas, la actualización periódica de sistemas y aplicaciones, y el cifrado de discos y dispositivos móviles reducen significativamente la superficie de ataque. En el caso de comunicaciones sensibles, conviene evaluar el uso de canales cifrados de extremo a extremo y, cuando corresponda, de correo con cifrado, siempre considerando la compatibilidad con los clientes y la conservación de la prueba documental.

En el plano organizativo, la confidencialidad depende también de la conducta del equipo. Definir políticas internas sobre el uso de dispositivos personales, el almacenamiento de expedientes, la impresión y el descarte de documentos, y el manejo de accesos cuando un colaborador deja el estudio, son pasos que suelen marcar la diferencia. La capacitación periódica ayuda a que estas reglas se apliquen en la práctica y no queden como un documento archivado. Asimismo, contar con un plan de respuesta ante incidentes permite actuar con rapidez si se detecta una filtración, incluyendo la evaluación de eventuales obligaciones de notificación a clientes o autoridades.

Finalmente, la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial o en servicios automatizados plantea preguntas adicionales: qué datos se envían, si se utilizan para entrenar modelos de terceros y qué garantías existen sobre su retención. Ante la falta de respuestas claras, la prudencia aconseja no cargar información identificable de clientes en esos servicios sin antes haber evaluado el riesgo. En definitiva, la protección del secreto profesional en el entorno digital combina criterio jurídico, buenas prácticas técnicas y disciplina organizativa, y se beneficia de una revisión periódica a medida que cambian las herramientas y el marco normativo.